¿Alguien busca extinguir a la arqueología en Bolivia?


Por: Rafael Sagárnaga
22/07/2020

Esta vez, quizás no sobre recordar los cuidados y valoración que en diversas latitudes del planeta se prodigan hacia el patrimonio arqueológico. De hecho, la primera referencia que se suele tener de diversos países corresponde a la de sitios que guardan un legado ancestral. Sucede así en lugares tan lejanos como Egipto y Grecia; más cercanos, como México y Guatemala, o vecinos, como Chile y Perú. Claro, de Bolivia con frecuencia la primera postal que llega corresponde a la Puerta del Sol tiahuanacota.

Vaya uno a pensar si cabría la posibilidad de que en alguno de los países mencionados, u otros, por decisión gubernamental, se paralizasen las actividades arqueológicas. ¿Habría la posibilidad de que se dejasen descabezadas, abandonadas y vacías a sus principales instituciones responsables del patrimonio arqueológico? Por el momento, Bolivia parece anotarse como serio postulante a detentar ese récord de negación cultural. Y hay quienes piensan que no se trata de un error u omisión, sino de un hecho intencional.

De mantenerse la situación, los antecedentes retrotraerían tiempos marcados en gris por la historia. Del siglo XVI se recuerda, por ejemplo, la fanática campaña de “la extirpación de las idolatrías” por la que en siglos posteriores pidió perdón la Iglesia católica. Del siglo XIX, las prácticas de artillería que algún militar desquiciado ordenó realizar contra monumentos tiahuanacotas. Del siglo XX queda en la memoria el uso de estelas como durmientes de tren o el desprecio de los monolitos calificándolos como "monumento de indios”. Y, de cada tiempo de abandono, los saqueos desenfrenados en pos del oro y las piezas preciosas.

Del MAS a menos
De las dos primeras décadas del siglo XXI, los cultores de la arqueología boliviana guardan ya dos grandes frustraciones. La primera: un régimen que, pese a tener el discurso de la reivindicación de las culturas originarias y la descolonización, ninguneó el trabajo arqueológico y debilitó sus instituciones. “En 2006, había 14 arqueólogos que trabajaban en la Dirección Nacional de Arqueología, la mayor parte dedicados a labores de investigación, supervisión y fiscalización —recuerda el especialista Carlos Lemuz—. El Museo Nacional de Arqueología (Munarq) tenía un director, Julio César Velázquez, más su equipo y era una entidad independiente formada por arqueólogos, museólogos y conservadores, pero luego fue cambiada”.

Tal cual relata el arqueólogo, el año 2010, el Munarq fue subordinado a una unidad del Ministerio de Culturas y perdió su independencia. Se le restaron ítems al extremo de reducir los que correspondían a los especialistas. El museo empezó a operar básicamente con voluntarios universitarios que realizaban sus pasantías. La institución fue puesta a cargo de un responsable que tenía la categoría de “Técnico II”, asignada a quienes fungen como choferes. Esa era la máxima autoridad del museo nacional y el presupuesto anual operativo para la institución bajó a 60 mil bolivianos.

“Así se manejaba la cultura en los últimos años y cada vez fue peor —explica el arqueólogo—. Se convirtió en un botín político. Los viceministros que tomaban decisiones sobre esta materia eran representantes de organizaciones como los colonizadores, las federaciones de cocaleros o las Bartolinas. No hubo nadie que tenga competencia en la gestión cultural. Normalmente se dedicaban a hacer proselitismo y actividad política, pero no cultura y menos arqueología”.

En paralelo, salvo excepcionales proyectos, generalmente fruto de iniciativas no gubernamentales, los sitios arqueológicos a lo sumo destacaron porque fueron convertidos en escenarios de proclamación política. También hicieron noticia por ser zona amenazada debido al paso del rally Dakar. Y, por si faltara, destacaron, además, especialmente Tiahuanaco, como sitio de celebración matrimonial del vicepresidente Álvaro García Linera. La investigación, la preservación y otras labores fundamentales para el área bordearon a lo mínimo.

Un cambio fatal
Tras el progresivo desmantelamiento de la institucionalidad durante casi 14 años, llegó el cambio de gobierno. Entonces se esperaba que la actitud de las autoridades mejore y se recupere el tiempo perdido. Pero no, y llegó la segunda y, por ahora fatal, frustración para los cultores de la área. Las decisiones del Gobierno de Jeanine Áñez derivaron en que todo el patrimonio arqueológico boliviano, hoy, se halle desguarnecido. El personal de su institución más representativa fue despedido y desalojado, y no se nombraron autoridades del área. El único responsable designado resulta una persona absolutamente ajena al sector.

Semejante vacío surgió luego del cierre del Ministerio de Culturas y Turismo. Consecuentemente el Viceministerio de Interculturalidad pasó a tuición del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas. Con él fueron traspasadas su Dirección de Patrimonio Cultural, la Unidad de Arqueología y Museos y el Munarq.

“Tras esta desafortunada decisión, se inauguró un periodo de vacío y posterior caos en la gestión del patrimonio cultural boliviano —dice un pronunciamiento de la Sociedad de Arqueología de La Paz del 1 de julio—. Ya que sin absolutamente ninguna planificación ni norte se interrumpieron las escasas tareas de gestión para la protección del patrimonio cultural y arqueológico, derivando finalmente en simples acciones administrativas de reducción de personal, transferencia de activos y enajenamiento de su exiguo presupuesto. El actual Ministro de Educación, Deportes y Culturas dispuso la designación del pastor evangélico Raúl Silva como jefe de la Unidad de Arqueología y Museos, quien no sólo carece de los mínimos atributos técnicos para ejercer este puesto, sino que es totalmente ajeno al sector arqueológico”.

El documento luego añade: “Hace poco más de una semana se dispuso la intervención de la Unidad de Arqueología y Museos y el Museo Nacional de Arqueología, donde se albergan y custodian objetos y documentos de gran valor cultural, sin cumplir los mínimos recaudos para su cuidado y protección; es decir, un inventario de los bienes y documentos patrimoniales (informes inéditos, bases de datos y registros de investigaciones y proyectos de excavación), poniendo en grave riesgo de pérdida, deterioro o destrucción a este legado del pueblo boliviano”.

Contra las leyes
Las medidas del nuevo gobierno han paralizado no sólo las actividades de estas instancias especializadas, sino además la fiscalización de las obras públicas destinadas a preservar el patrimonio arqueológico nacional. Vale decir que se lo ha dejado desguarnecido y en estado de abandono. El escenario contraviene lo establecido en la Constitución Política del Estado y a diversas leyes como la Ley 530 de Patrimonio Cultural.

En otras palabras, no hay autoridad ni personal que ahora sea responsable y pueda actuar contra la destrucción o pérdida de bienes arqueológicos en Bolivia. Diversas alertas ya empezaron a lanzarse. David Trigo, exdirector del Munarq, informó, por ejemplo, que aproximadamente 60 momias o restos momificados están en riesgo si las condiciones de temperatura y humedad no son controladas. “La información que poseen las momias es enormemente importante en torno a una serie de aspectos de la vida en tiempos prehispánicos y por ser un material orgánico su conservación es extremadamente delicada”, informó Trigo.

Lemuz recuerda que significativos riesgos también afectan a los museos de sitio que hay en diversas regiones del país. El célebre Tiahuanaco, con su Centro de Investigaciones y Administración acéfalo, suma particularmente entre esos centros afectados. Todo tipo de obras de infraestructura o siniestros que pudiesen presentarse en el país tampoco contaría con una autoridad oficial que los conjure o por lo menos evalúe.

Ante el escenario, los pronunciamientos críticos se han multiplicado. Al menos siete organizaciones académicas y culturales, entre ellas diversas instancias de la Universidad Mayor de San Andrés y la Fundación del Banco Central, remitieron sendos reclamos al ministro de Educación, Culturas y Deportes, Víctor Hugo Cárdenas. Sin embargo, no reciben respuesta alguna.

“Parece que caen en saco roto —dice el arqueólogo Jedu Sagárnaga—. Incluso, personalmente le he mandado unas por líneas por WhatsApp. La Facultad de Ciencias Sociales le ha pedido audiencia, una reunión virtual o de cualquier índole con sus ejecutivos, pero no ha respondido. No sabemos cuál es la intención del Ministerio y del Gobierno. Por ahí nuestros pedidos de institucionalización y mejoras sobran. Por ahí se quiere cerrar todo, lo que sería un crimen de lesa humanidad y contrario a acuerdos internacionales”.

¿Medida fundamentalista?
Por ello, en los textos y reclamos de las diversas instituciones y de los propios arqueólogos y estudiantes se ha empezado a remarcar particularmente el hecho de que el único oficio conocido de Silva resulte su actividad pastoral evangélica. Dicha militancia se la relaciona con la creciente proximidad que en años recientes tuvo con ese credo el actual ministro Cárdenas y con la que profesa, incluso, la Presidenta del Estado.

“No se entiende qué sucede en el país —lamenta Sagárnaga—. Ya desde el gobierno de Evo Morales se hicieron atrocidades con la arqueología, y en éste las cosas parecen empeorar. Que el señor Silva esté a cargo nos recuerda a las sectas religiosas que van al campo y dicen a los pobladores que los monumentos son del demonio y les alientan a destrozarlos. En las últimas décadas, promovieron la destrucción de sitios arqueológicos, tal cual hace siglos hacían los españoles. Ojalá que no esté pasando algo así ahora”.

¿Es la militancia evangélica a la que se adscriben diversas autoridades la que en medio de la pandemia apunta a un patrimonio milenario? ¿O es la continuidad de las destructivas prácticas del pasado gobierno? Lo cierto es que, a semejanza de lo que modernamente sólo ha sucedido en los ejes del fanatismo fundamentalista islámico, hoy la riqueza arqueológica boliviana se halla más desguarnecida y agredida que nunca. De parte de las autoridades no hubo respuesta alguna hasta el cierre de esta edición.

Fonte: https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20200722/alguien-busca-extinguir-arqueologia-bolivia

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