Mafias trafican piezas prehispánicas
Las estadísticas
de la Unidad de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Culturas revelan que
desde 1997 hubo al menos 89 hurtos que provocaron la desaparición de 1.276
piezas patrimoniales.
Un recorrido por el municipio de Tiwanaku y zonas
aledañas descubrió que existen lugareños que ofrecen piezas precolombinas,
comercialización que está prohibida por la Constitución Política, que en su
artículo 99 dicta que el patrimonio cultural del pueblo boliviano —las riquezas natural, arqueológica, paleontológica, histórica,
documental, y la procedente del culto religioso y del folklore— es inalienable,
inembargable e imprescriptible, y el Estado garantizará su registro,
protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento,
promoción y difusión.
Los huaqueros son aquellos que escarban el suelo en busca
de reliquias para venderlas a turistas o coleccionistas, e incluso arman
“museos privados” con los objetos que rescatan. El reportaje publicado el 5 de
noviembre de 2012 demostró que uno de estos personajes es vigilante del Museo
de Tiwanaku. A la par, estos excavadores son una pieza en el engranaje del
tráfico de bienes culturales que tiene a Bolivia en su lista y que involucra a mafias extranjeras. La Policía
Internacional (Interpol) culpa a la falta de control estatal la vigencia de
este delito.Impunidad. Las estadísticas de la Unidad de Patrimonio Inmaterial
del Ministerio de Culturas revelan que desde 1997 hubo al menos 89 hurtos que
provocaron la desaparición de 1.276 piezas patrimoniales. Si bien en 2011 se
dieron cuatro desvalijamientos que se llevaron 32 objetos, hasta noviembre del
año pasado se habían presentado dos casos en las iglesias coloniales de las
localidades de Ocobaya y Guaqui, en las provincias Sud Yungas e Ingavi del
departamento de La Paz, respectivamente, pero el número de reliquias
extraviadas ascendía a 115.
Los traficantes de piezas arqueológicas contratan a
campesinos para que busquen vestigios prehispánicos en el subsuelo, mientras
que en las capillas coloniales del área rural, convencen a los guardianes o
“mayordomos” de éstas para que roben o sean sus cómplices en el extravío de
joyas de las efigies de los santos, objetos litúrgicos o cuadros antiguos.
Luego, los “puentes” o “enlaces” se encargan de llevar los botines a los
cabecillas del clan, los anticuarios o coleccionistas. La cadena cuenta con
nexos nacionales e internacionales, según autoridades, policías, arqueólogos y
expertos.
Hay cofradías delictivas que operan sobre todo en
Bolivia, Perú, Ecuador, por su riqueza cultural, y también lo hacen en Guatemala, Argentina y
México. El destino final de los objetos sustraídos son los mercados negros que
alimentan millonarias colecciones privadas o anticuarios o depósitos de
personas en Canadá, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza y hasta Japón.
El territorio boliviano igual sirve de tránsito para sacar las piezas hurtadas
en naciones vecinas, ello por la ausencia de fiscalización efectiva en
fronteras.
Se descubrió que hay unas 2.500 obras artísticas que
fueron recuperadas de manos de traficantes, entre pinturas, piezas líticas,
retablos, tejidos y otros tesoros históricos bolivianos que son resguardados en
el depósito del Museo Nacional de Arte desde 1998, los cuales son víctimas del
paso del tiempo hasta que no se obtenga una orden legal para exhibirlos o que
los juicios contra los involucrados lleguen a buen término. Mientras que en el
Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef) se custodia 40 textiles
potosinos de Coroma que fueron salvados en los años 90.
Otra limitación es que no hay control alguno sobre los
locales que ofrecen piezas antiguas. Ni el Ministerio de Culturas ni la
Alcaldía de La Paz cuentan con una lista actualizada de anticuarios, que
también son apuntados como posibles nexos con las mafias que trafican bienes
culturales. Por ahora sólo queda esperar la Ley de Patrimonio Cultural, cuyo
borrador es preparado por el Gobierno. Y el ministro de Culturas, Pablo Groux,
comentó que Estado, gobernaciones, alcaldías, comunidades y la propia Iglesia
deben compartir responsabilidades en el cuidado de las reliquias.
Involucrado aún trabaja en museo
Zacarías Limachi, vigilante del Museo de Tiwanaku que fue
denunciado por este medio por comercializar piezas arqueológicas, aún trabaja
en ese repositorio. El administrador del sitio, Luis Callizaya, señaló que
Limachi no comercializaba reliquias tiwanakotas. “(Esas piezas) son de
Huacullani y es normal que algunas personas encuentren restos en sus predios,
pero aquí en Tiwanaku eso está prohibido”. La Constitución determina que el
patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e
imprescriptible.
El contrato del involucrado termina este mes y Callizaya
aclaró que no se realizará ninguna investigación sobre el caso, a pesar de que
el ministro de Culturas, Pablo Groux, anunció, tras la revelación de Informe La
Razón, de que pediría un informe sobre Limachi, para tomar cartas en el asunto.
En la Alcaldía de Tiwanaku, el oficial Mayor Financiero, Nicolás Mamani,
remarcó que no conoce la publicación y que consultaría al alcalde Marcelino
Copaña. Por ahora, la venta de bienes culturales no tiene control en la zona.
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